Esta Ley afecta directamente el régimen de la propiedad, establece que los propietarios de cualquier inmueble (casa, departamento, local comercial o bodega) pueden perder los derechos de propiedad, si la persona a la cual se lo ha dado en arrendamiento se encuentre involucrado en cualquier tipo de delito, o el inmueble sea utilizado para cometerlos, ocultar otros bienes de origen ilícito o que estos bienes provengan de la comisión de un delito y no se pueda acreditar la procedencia legal del mismo. Esto sin importar que el propietario no haya tenido ninguna participación ni tuviera conocimiento en alguno de los supuestos.

La acción de extinción implica que el gobierno le entregue la posesión de la propiedad al Ministerio Público. Esto permite su venta antes de que se dictamine la sentencia definitiva del juicio de extinción.

Si el Estado considera que tu propiedad fue parte o producto del delito que se enjuicia, independientemente de que no hayas participado en él, puede quitarte tus derechos sobre el patrimonio y pasar su gestión a servidores públicos.

Dicho en palabras simples si las personas a las cuales rentas tu propiedad se ven involucradas en algún hecho ilícito vinculado con la delincuencia organizada, secuestro, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, delitos contra la salud, trata de personas, corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, robo de vehículos y/o extorsión, etc. sin importar que tu NO hayas participado, las autoridades pueden confiscar tu inmueble.